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La compra de un coche eléctrico suele traer consigo una nueva preocupación para quienes viven en un edificio con garaje comunitario: dónde y cómo cargarlo. Instalar un punto de recarga en una plaza privada es posible, pero todavía genera dudas entre los propietarios. La legislación española contempla expresamente esta situación y facilita que cada propietario pueda disponer de su propio cargador.
Una comunidad de propietarios no tiene la obligación general de instalar cargadores individuales para todos los vehículos de sus residentes. La normativa sí establece requisitos de preinstalación eléctrica para determinados edificios nuevos y para algunas intervenciones en aparcamientos, pero esto no significa que cada plaza deba contar con un equipo de recarga operativo.
Si se trata de un propietario que desea tener un cargador para usarlo solo él, la situación es diferente. El artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) reconoce expresamente este derecho. Si el punto de recarga se coloca en una plaza individual del garaje comunitario, no hace falta someter la propuesta a votación ni obtener la aprobación de la junta. Solo sería necesario comunicarlo a la comunidad con antelación.
Sí, siempre que tenga derecho a utilizar una plaza individual y destine el equipo a su uso privado. Si la plaza pertenece a un propietario que la tiene alquilada, el inquilino no debería realizar las obras por su cuenta. Necesitará contar con el consentimiento del titular para intervenir en el inmueble.
La comunidad no puede impedir el montaje simplemente porque algunos vecinos no quieran tener cargadores en el garaje. Sin embargo, sí puede plantear objeciones si el trazado propuesto perjudica de forma injustificada a otros propietarios, compromete la seguridad o provoca daños en los elementos comunes.
Por ejemplo, si el recorrido del cable puede modificarse para evitar una intervención innecesaria en una zona compartida, conviene estudiar esa alternativa con el instalador. El objetivo es compatibilizar el derecho del propietario a recargar su vehículo con el uso adecuado de las instalaciones comunitarias.
El procedimiento comienza con una comunicación al presidente o al administrador de fincas, antes de iniciar los trabajos. Aunque la ley no establece un modelo obligatorio, es aconsejable hacerlo por escrito y conservar un justificante de recepción. Así se puede acreditar que se informó a la comunidad con antelación.
Para evitar dudas sobre el alcance de la intervención, conviene aportar una descripción de la actuación que incluya:
No es necesario esperar a que la junta se reúna para votar la propuesta. La comunicación no es una solicitud de autorización, aunque debe permitir que la comunidad conozca cómo se ejecutarán los trabajos.
La instalación tiene que respetar el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y, especialmente, la instrucción técnica ITC-BT-52, que regula las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Por este motivo, debe encargarse a un instalador habilitado, que determinará la potencia adecuada, las protecciones eléctricas y la solución de conexión.
También hay que resolver cómo se contabilizará el consumo. Generalmente, lo que se hace es conectar el punto de recarga al suministro eléctrico de la vivienda. En ningún caso el resto de propietarios tiene que asumir el gasto de electricidad de un cargador privado.
El coste corresponde íntegramente al propietario interesado. Esto incluye el equipo, el cableado, la mano de obra y las posibles actuaciones necesarias para conectar el cargador al suministro eléctrico. También deberá hacerse cargo de la energía que consuma su vehículo.
Si varios vecinos quieren instalar cargadores, cada uno puede tramitar su propia instalación. Otra posibilidad es que la comunidad estudie una infraestructura común que facilite las conexiones futuras y evite repetir trabajos en las zonas compartidas. En ese caso, habrá que definir en junta el proyecto, su financiación y el reparto de los gastos.