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La seguridad en las comunidades de vecinos es un tema que suele generar debate, especialmente cuando se trata de servicios como la vigilancia nocturna. Muchos propietarios se preguntan si están obligados a asumir este gasto, sobre todo cuando no están de acuerdo con su implementación o no perciben una necesidad evidente. En este artículo resolvemos esa duda y te explicamos en qué condiciones es obligatorio pagar por los gastos de seguridad en tu comunidad de vecinos.
La vigilancia nocturna no es obligatoria por ley. No existe ninguna normativa que imponga su contratación en las comunidades de vecinos. Su implementación depende exclusivamente de la voluntad de los propietarios, que deben debatirlo y aprobarlo en junta. Solo cuando se ha decidido de forma oficial y legal, este servicio pasa a formar parte de los gastos comunes.
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Es importante recordar que se trata de un gasto extraordinario que debe contar con mayoría suficiente para su aprobación. No basta con que algunos vecinos lo consideren necesario: debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Una vez aprobado el servicio en junta, todos los propietarios están obligados a contribuir a su coste. El reparto se hace, como ocurre con otros gastos comunes, según el coeficiente de participación de cada vivienda o local en la comunidad. Esto significa que no importa si el propietario hace uso del servicio o no: si se ha aprobado, debe pagar.
Sin embargo, si la contratación no se ha aprobado formalmente en junta o no ha seguido el procedimiento adecuado, ningún propietario está obligado a pagar. En esos casos, cualquier gasto sería responsabilidad exclusiva de quien lo haya asumido o promovido sin consenso.
La aprobación de un servicio de vigilancia nocturna requiere una votación en junta de propietarios. Según el artículo 17.3 de la LPH, este tipo de acuerdos necesita el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Además, el acuerdo debe constar en el acta y haberse comunicado a todos los propietarios. Si se omiten estos pasos, cualquier vecino puede impugnar el acuerdo en un plazo de tres meses desde su notificación.
Si un propietario no está conforme con la aprobación de la vigilancia nocturna, tiene derecho a impugnar el acuerdo judicialmente siempre que haya votado en contra en la junta o se haya abstenido. Para ello, debe demostrar que el acuerdo es contrario a la ley o que le resulta gravemente perjudicial.
Es recomendable, además, consultar con un abogado especializado para conocer las posibilidades reales de éxito y evitar costes innecesarios.
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Sí. Algunas comunidades optan por soluciones más asequibles, como cámaras de videovigilancia con grabación, instalación de alarmas conectadas a central receptora o acuerdos con la policía local para rondas nocturnas. Estas medidas también requieren aprobación en junta, pero suelen implicar un gasto menor que una vigilancia presencial.
La vigilancia nocturna puede aportar tranquilidad, pero no es una obligación legal. Solo será un gasto común obligatorio si se ha aprobado correctamente en junta de propietarios. La clave está en el consenso vecinal y en seguir los procedimientos que marca la ley para evitar conflictos. Si tienes dudas sobre si debes pagar este gasto, revisa las actas y consulta con un profesional legal.
