
Responsable de comunicación en Indomio España
El Gobierno Central y más concretamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas ante la crisis de vivienda que tiene lugar en España. Estas medidas son de distinta índole, por lo que a continuación te resumimos los 6 puntos o ámbitos principales sobre los que tendrían efecto.
En primer lugar, el Gobierno anuncia un nuevo PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica), que podría derivar en la construcción de miles de pisos baratos para alquilar gracias a los fondos europeos. Esta iniciativa estaría centrada en la provincia de Valencia, tan afectada por la DANA.
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En los últimos meses, también hemos asistido al debate sobre una empresa pública de vivienda que contaría con más de 3.300 viviendas, a las que podrían añadirse otras 30.000 propiedades de Sareb. Éstas podrían destinarse a alquiler social, mejorando la oferta pública y paliando la crisis de vivienda.
Aumentarán las ventajas fiscales para los propietarios que establezcan alquileres razonables, que podrían tener una exención de hasta el 100% en el IRPF. Para ello, deberán de establecer el precio dentro del índice de referencia catastral y no importará si se trata o no de una zona tensionada.
Además, aparece la idea de un sistema de garantías públicas para el alquiler que aseguraría a los propietarios el cobro de las mensualidades, con la intención de aumentar la oferta gracias a un menor riesgo.
Además de medidas ya establecidas como el registro único para los alquileres turísticos, que deben de contar desde este año con una identificación única, se proponen nuevas medidas. Estas tratarían a este tipo de alquiler como negocios, aumentando los impuestos e incorporando, por ejemplo, el IVA en esta clase de transacciones.
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También habrá ayudas para que las viviendas vacías que no cuentan con las condiciones necesarias de habitabilidad puedan ponerse en alquiler. Para ello, se lanzará un programa de rehabilitación al que los propietarios podrán adscribirse siempre y cuando destinen la vivienda a alquiler asequible durante un mínimo de 5 años.
Para terminar, la Administración Central propone un mayor control del fraude en los alquileres, así como la desincentivación de la compra de viviendas por parte de extranjeros. Los pasos en este sentido comenzaron con la eliminación de las famosas «Golden Visa» y ahora se propone un aumento en los impuestos para aquellos compradores extracomunitarios que no residan en España.