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Un edificio sin ascensor puede convertirse en una barrera infranqueable para una persona mayor con problemas de movilidad o para una persona con discapacidad que necesite silla de ruedas. Por eso, su instalación no es solo una cuestión de comodidad, sino también de accesibilidad.
La Ley de Propiedad Horizontal establece cuándo la comunidad debe asumir estas obras y cuándo puede aprobarlas por votación. No todos los edificios antiguos están obligados a instalarlo.
No existe una obligación general de instalar un ascensor por el mero hecho de que el edificio tenga varias plantas. El artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal contempla obras de accesibilidad obligatorias, sin necesidad de una votación previa, cuando se cumplen determinados requisitos.
En ocasiones, la instalación puede ser obligatoria. Esto ocurre cuando la obra es solicitada tiene como facilitar la movilidad de una persona con discapacidad o se trata de alguien mayor de 70 años.
La comunidad debe asumir las obras cuando el importe que corresponda pagar a cada propietario en un año, una vez descontadas las ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
El límite se calcula por propietario y por año, una vez restadas las subvenciones concedidas. No significa que cada vecino tenga que pagar doce cuotas de golpe, sino que se compara la cantidad anual que le corresponde asumir con el importe de sus gastos comunes ordinarios de doce meses.
Si el coste supera ese límite, la instalación puede seguir siendo obligatoria cuando quienes la solicitan asumen la parte que excede de esa cantidad.
También hay una excepción relacionada con las subvenciones. Si las ayudas públicas a las que puede acceder la comunidad alcanzan al menos el 75 % del importe de las obras, la actuación es obligatoria sin aplicar el límite de las doce mensualidades.
No todas las derramas tienen la misma consideración legal y existen diferencias importantes entre las obras necesarias para conservar el edificio y las mejoras que la comunidad decide incorporar voluntariamente.
El mantenimiento del ascensor corre a cargo de los vecinos y cada 6 meses son obligatorias las inspecciones de control de seguridad.
La comunidad puede acordar la instalación para mejorar el edificio, aunque nadie reúna esas circunstancias. Se aplica entonces el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Para que el acuerdo sea efectivo, se necesita que la mayoría de los propietarios que y la mayoría de las cuotas de participación estén a favor.
La mayoría exigida se calcula sobre el conjunto de la comunidad, no solo sobre quienes acuden a la reunión. Por eso, antes de convocar la junta conviene que la administración de fincas informe de las cuotas y de los votos necesarios para que el acuerdo quede correctamente adoptado.
Una vez aprobado válidamente, el acuerdo obliga a todos los vecinos. El coste se reparte conforme al sistema aplicable, normalmente según las cuotas de participación, no según la planta o el uso que se haga del ascensor.
Como regla general, el propietario de un bajo no queda exento por el hecho de que apenas vaya a utilizar el ascensor. Cuando la instalación se aprueba conforme a la ley, todos deben contribuir. En cualquier caso, hay que revisar el título constitutivo y los estatutos por si contienen reglas específicas de reparto.
Un propietario puede votar en contra, pero su oposición no impide las obras si existe obligación legal o un acuerdo válido.
Si considera que la decisión se ha adoptado de forma irregular o perjudica sus derechos, puede valorar la impugnación judicial. Debe existir alguno de los motivos previstos en la ley y respetarse los plazos. La impugnación no paraliza automáticamente las obras.
En edificios antiguos puede estudiarse la instalación en el hueco de la escalera, en un patio interior o en la fachada.
El proyecto debe cumplir las exigencias técnicas y de seguridad. Si afecta a elementos comunes o a una propiedad privada, habrá que estudiar las autorizaciones y compensaciones. Antes de votar, conviene contar con un estudio de viabilidad y un presupuesto.
Antes de contratar las obras, las comunidades deben informarse de las subvenciones públicas para mejorar la accesibilidad de los edificios residenciales a través del presidente o del administrador de fincas. Conviene consultar las ayudas disponibles y comprobar si la solicitud debe presentarse antes de comenzar los trabajos. También es importante revisar qué gastos se subvencionan.
Actualmente, según el vigente Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, las ayudas generales cubren hasta el 70 % del coste (con un máximo de 13.000 € por vivienda):
También existen ayudas a través de los fondos europeos que cubren entre un 40 % y un 80 % de la inversión, dependiendo de la eficiencia energética o el proyecto, y hasta el 100 % en casos de vulnerabilidad económica.
