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El Gobierno ha presentado el Proyecto de Real Decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda, vigente durante los próximos años. Entre sus medidas destaca la creación de una línea de avales por impago del alquiler, destinada a proteger a los arrendadores frente a posibles impagos, y a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias vulnerables. Esta ayuda, que aún está en proceso de consulta pública, no es a fondo perdido: los inquilinos deben devolver las cantidades recibidas por la Administración.
Según el Proyecto de Plan de Vivienda 2026-2030, los beneficiarios de esta cobertura serían las comunidades autónomas, que podrán actuar en favor de los arrendadores, o directamente los propietarios de las viviendas. La cobertura asegura a los arrendadores frente al impago de rentas, daños en la vivienda causados por negligencia del arrendatario y el coste de suministros impagados que hayan sido asumidos por el propietario.
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Este sistema aumentaría la tranquilidad para los propietarios, al contar con un respaldo económico en caso de que los inquilinos tengan dificultades puntuales para pagar el alquiler. Esta sería una manera de equilibrar la protección del arrendador con el apoyo a colectivos vulnerables.
No todos los contratos de alquiler podrán acogerse al aval. Para ello, al menos una de las personas incluidas en el contrato deberá cumplir uno de estos criterios: tener 35 años o menos, ser mayor de 65, contar con una discapacidad reconocida igual o superior al 40%, o formar parte de una familia monoparental con hijo a cargo.
Además, la renta mensual no puede superar el 50% de los ingresos netos del inquilino, que a su vez no deben exceder cinco veces el importe del alquiler. Tampoco se puede exigir una fianza superior a dos mensualidades. La cobertura se aplica principalmente en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, o cuando la renta no supera el límite máximo del sistema estatal de referencia para esa vivienda.
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Para activar el aval por impago del alquiler, el arrendador debe haber iniciado una demanda judicial por falta de pago de la renta y haber solicitado la recuperación de la vivienda. Si se alcanza un acuerdo extrajudicial tras admitir la demanda, la cobertura también será válida para las rentas y suministros pendientes hasta la recuperación del inmueble.
El arrendador tiene un plazo de seis meses desde la admisión de la demanda para solicitar la cobertura si aún no ha recuperado la vivienda, y de tres meses si ya la ha recuperado. La solicitud debe incluir documentación como el número de registro del contrato, detalle de las rentas adeudadas, auto judicial de admisión de la demanda, y pruebas de los daños o suministros impagados.
